Lo primero que debería mencionarse es la diferencia entre traducción jurídica y traducción jurada. ¿Empezamos?
Traducción jurídica o traducción legal
Las traducciones jurídicas son traducciones especializadas y se refieren al campo legal o jurídico, o judicial. Se aplican a documentos oficiales o privados de carácter legal y se caracterizan por su complejidad, pues los documentos con los que trabajamos, generalmente, han sido redactados por profesionales del derecho; por lo tanto, las traductoras o traductores jurídicos deben reflejar en otro idioma, además de las palabras, los conceptos de los cuales se desprenden efectos legales para dos o más partes.
Dado que la traducción jurídica implica un lenguaje altamente técnico, los profesionales de la traducción jurídica deben estar completamente familiarizados con la terminología legal, tanto en el idioma de origen como en el de destino, así como con los sistemas jurídicos correspondientes.
Las traducciones jurídicas más solicitadas
Cualquier documento redactado por un experto en derecho, ya sean funcionarios o funcionarias públicos, abogados, jueces o asesores legales, así como todo tipo de documentos financieros, son susceptibles de ser traducidos por un traductor jurídico profesional.
Para que te hagas una idea, estos son algunos ejemplos:
- Contratos de compraventa y arrendamiento
- Acuerdos de confidencialidad
- Políticas de privacidad
- Condicionados de pólizas
- Escrituras de constitución
- Actos y poderes notariales
- Procedimientos arbitrales
- Demandas y sentencias judiciales
- Informes periciales
- Testamentos y fideicomisos
- Textos legislativos (leyes, decretos, etc.)
Por lo general, podríamos decir que todo texto legal o financiero que suponga la creación de derechos u obligaciones para una determinada parte que deba estar en una lengua extranjera es susceptible de una traducción jurídica.
Traducción jurada
La traducción jurada es toda traducción —sea jurídica o de otra especialización— que ha sido certificada por un traductor/a habilitado/a por instancias oficiales. Por lo tanto, la traducción jurada tiene un carácter oficial, ya que el traductor jurado está revestido de las facultades que otorga el órgano o institución habilitante (en el caso de España, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, que delega competencias en Cataluña en la Secretaría de Política Lingüística de la Generalitat).
Esta traducción no representa ninguna especificidad, desde el punto de vista técnico, pero tiene la particularidad de que debe llevar el sello, la firma y la certificación del traductor o traductora jurados, que le otorgan validez legal. Sin estos elementos, la traducción no podrá considerarse jurada, ya que es con el sello, la firma y el certificado que el traductor o la traductora jurada dan fe de que la traducción es completa y fiel al documento original redactado en otra lengua.
Quizás te preguntes por qué es necesario, este tipo de traducción, ¿verdad? Pues es un requerimiento imprescindible para determinados trámites o gestiones con instancias oficiales, que especifican que la traducción de los documentos que se presenten debe estar jurada por un traductor jurado (también llamado, en algunos países, traductor oficial o certificado).
Las traducciones juradas pueden ser de muchos tipos y los demandantes de este tipo de traducciones son el público general, cuando deben presentar documentación ante administraciones públicas u organismos extranjeros.
Algunas de las traducciones juradas más comunes que llevamos a cabo son de títulos académicos, para poder homologarlos ante universidades o centros escolares extranjeros, de certificados médicos o de ingresos para poder solicitar ayudas públicas, o certificados del registro mercantil, para poder constituir una empresa, entre otros.
Otro ámbito donde es necesaria la presencia de un traductor-intérprete jurado es en procesos judiciales, en actos ante notario, en ceremonias matrimoniales, o cualquier otro acto de carácter oficial en el que intervengan personas que no hablan el idioma en el que se desarrolla el acto y lo que dicen deba tener validez legal. En ese caso, hablaremos de interpretaciones juradas.
Traductores jurídicos versus traductores jurados
El rigor que implica una traducción jurídica obliga al traductor jurídico a dominar las técnicas de traducción consistentes en la transposición de distintas instituciones propias del sistema jurídico del texto de destino, así como conocer la cultura jurídica del receptor del producto final de la traducción.
Los traductores jurídicos, pues, han invertido mucho en su formación y dedican mucho tiempo a actualizarse y por eso las traducciones jurídicas tienen un coste más elevado que las traducciones no especializadas.
Para ejercer de traductor jurídico no es necesario haber superado ningún examen oficial, pero, como decíamos, es necesario tener un conocimiento de los términos del mundo del derecho y muchos de nuestros traductores jurídicos tienen también formación legal.
En cambio, los traductores jurados sí son profesionales certificados a través de un examen oficial con convocatoria periódica en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (MAEUEC), que les concede el título de traductor-intérprete jurado. En estas convocatorias se examinan todas las personas que quieren obtener el título de traductor/a jurado/a hacia y desde el castellano. Las pruebas son muy exigentes y a menudo muchos traductores que se presentan deben hacerlo en varias convocatorias hasta su aprobación.
La superación de estas pruebas habilita para ejercer la traducción y la interpretación juradas, aunque está previsto que pronto haya pruebas separadas para la traducción y para la interpretación porque, como sabes, ambas profesiones no son lo mismo.
En caso de que se quiera obtener el título hacia y desde el catalán, las pruebas las organiza la Secretaría de Política Lingüística de la Generalitat, que es también quien coordina el registro de traductores e intérpretes jurados en catalán y proporciona las habilitaciones correspondientes.
El traductor jurado tiene la facultad de certificar que el texto de llegada corresponde al texto de origen. No es ni un funcionario público ni tiene una plaza oficial; se trata de un profesional independiente que ejerce la profesión como autónomo o dentro de una empresa.
A todo ello, basta con matizar que, aunque los textos de traducción jurada no son de naturaleza jurídica, sí que es necesario que el traductor jurado tenga conocimientos sobre traducción jurídica y es por este motivo que las pruebas habilitantes suelen ser de textos mayoritariamente jurídicos. Por todo ello, la traducción jurada también tiene un precio mayor que la traducción ordinaria.
Y hasta aquí algunas de las diferencias entre la traducción jurídica y la jurada. Esperamos que el artículo haya sido de ayuda para clarificar algunos conceptos.
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